Pedro Yudel Bruzón buscaba a alguien en Estados Unidos que respaldara su intento de solicitar asilo, cuando llegó a una página en Facebook llena de publicaciones que pedían hasta 10.000 dólares por un patrocinador financiero.
Es parte de un mercado clandestino que surgió desde que el gobierno del presidente Joe Biden anunció que aceptaría 30.000 inmigrantes cada mes que llegaran por vía aérea desde Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Los solicitantes del programa probatorio humanitario (“Parole Process” o “proceso bajo palabra”, un programa para solicitantes de asilo) necesitan a alguien en Estados Unidos, por lo general un amigo o familiar, que prometa brindar apoyo financiero durante por lo menos dos años.
Bruzón, quien vive en Cuba, no conoce a nadie que pueda hacer eso, así que buscó en línea. Pero tampoco tiene dinero para pagar un patrocinador y no está seguro de que las ofertas —o quienes las hacen— sean reales. Le preocupa ser explotado o terminar como víctima de una estafa.
Bruzón, de 33 años, quien agregó que tiene dificultades para alimentarse a él y a su madre con lo que gana como guardia de seguridad en La Habana. “Todos quieren dinero, incluso las personas en la misma familia”.
No está claro cuántas personas en Estados Unidos pueden haber cobrado a los inmigrantes por patrocinarlos, pero los grupos de Facebook con nombres como “Sponsors U.S.” (Patrocinadores EE.UU.) tienen docenas de publicaciones que ofrecen y buscan patrocinadores financieros.
Varios abogados de migración dijeron que no pudieron encontrar una ley que prohíba a las personas cobrar dinero por patrocinar beneficiarios.
“Mientras todo esté correcto en el formulario y no haya declaraciones fraudulentas, puede ser legal”, dijo la abogada Taylor Levy, quien trabajó durante mucho tiempo en la frontera cercana a El Paso, Texas. “Pero lo que me preocupa son los riesgos en términos de ser traficados y explotados. Si involucra mentir, podría ser fraude”.
Además, señaló, “parece un contrasentido” pagarle a alguien para que prometa brindar apoyo financiero.
El abogado Leon Fresco, exasesor principal de Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, dijo que cobrar por ser patrocinador es una “zona gris” (un vacío legal) y que Estados Unidos debería enviar un mensaje contundente contra su práctica.
Kennji Kizuka, abogado y director de política de asilo de la organización no gubernamental International Rescue Committee (Comité Internacional de Rescate), que reubica a los recién llegados a Estados Unidos, dijo que este tipo de cosas suceden con cada programa estadounidense nuevo que beneficia a los migrantes.
“Parece que algunos simplemente van a tomar el dinero de la gente y la gente no obtendrá nada a cambio”, dijo Kizuka.
Levy dijo que tal explotación en torno a un programa estadounidense similar para ucranianos llevó al gobierno a publicar una guía en línea sobre cómo detectar y protegerse contra los ardides de trata de personas.
Una maquinación común con los programas de inmigración se conoce como fraude notarial e involucra a personas que se hacen llamar “notarios públicos” que cobran grandes sumas de dinero. En Latinoamérica, el término se refiere a abogados con credenciales especiales, lo que lleva a los migrantes a creer que son abogados que pueden brindar asesoramiento legal. En Estados Unidos, los notarios públicos simplemente están facultados para ser testigos de la firma de documentos legales y emitir juramentos.
En otro ardid, alguien se hace pasar por funcionario estadounidense y pide dinero. El gobierno de Estados Unidos señala: “No aceptamos Western Union, MoneyGram, PayPal ni tarjetas de regalo como pago por las tarifas de inmigración”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) advierte sobre posibles estafas con el programa humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se implementó el mes pasado, y señala en línea que el programa es gratuito.
“Cumplir con nuestra misión humanitaria mientras se defiende la integridad del sistema de inmigración es una de las prioridades principales de USCIS”, dijo la agencia en respuesta a las preguntas sobre el potencial de explotación. Agrega que la agencia “examina cuidadosamente a cada persona de apoyo potencial a través de una serie de medidas de detección de fraude y seguridad.
“Además, USCIS revisa minuciosamente cada caso denunciado de fraude o mala conducta y puede remitir esos casos a los cuerpos policiales federales para una investigación adicional”, informa el comunicado.
La agencia no abordó si rechazó alguna solicitud debido al temor de que los patrocinadores potenciales podrían haber solicitado dinero.
El Departamento de Seguridad Nacional dice que, hasta el 25 de enero, se aceptaron 1.700 solicitudes para el programa probatorio humanitario de cubanos, haitianos y nicaragüenses, además de un número no revelado de venezolanos. Una demanda encabezada por Texas busca detener el programa, que podría permitir que 360.000 personas al año ingresen legalmente a Estados Unidos.
