El enviado especial del presidente estadounidense Joe Biden para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, se dirige a una conferencia de prensa en San Salvador, El Salvador, el 7 de abril de 2021. | Foto: Reuters
El Departamento de Estado de Estados Unidos evalúa nuevos mecanismos para seguir presionando al régimen de Daniel Ortega, aseguró a la Voz de América el enviado especial para el Triángulo Norte centroamericano, Ricardo Zúñiga.
Por Jorge Agobian / Voz de América
“Estamos trabajando bien en conjunto con nuestro Congreso para las acciones no solamente que estamos tomando ahora […] y estamos examinando todas las herramientas que existen ahora y que podrían existir”, respondió el viernes el diplomático a la VOA en una conferencia con periodistas.
Washington anunció el miércoles nuevas sanciones económicas contra cuatro individuos ligados al régimen de Ortega, tras las detenciones y acoso del mandatario sandinista contra sus posibles rivales en las elecciones de noviembre.
Hasta el 9 de junio se contabilizaban siete personas detenidas, entre ellas cuatro precandidatos opositores.
“Nica Act”
El diplomático no detalló si la Administración Biden contempla hacer uso de la ley “Nica Act” o Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), a pesar de que en una entrevista con la Voz de América Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que “definitivamente” lo harían.
Este jueves una comisión bipartidista encabezada por los senadores Marco Rubio (republicano por Florida) y Dick Durbin (demócrata por Illinois) envió una carta al presidente Biden exigiendo “acciones inmediatas” y liderar una “estrategia coordinada” con miembros de la comunidad internacional que comparten las preocupaciones de Estados Unidos.
En concreto, los legisladores recomendaron a la administración Biden revisar la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, perseguir los activos de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en Estados Unidos y “utilizar las herramientas disponibles”, entre ellas la ley Nica Act, aprobada en 2018, para sancionar a individuos y sectores de la economía de ese país.
Según Zúñiga, Ortega “por si solo está cerrando las opciones de inversión que puedan ayudar a la recuperación económica del país” y ha dado señales de “no tener un compromiso” que garantice condiciones que ayuden a ese fin, en especial después de los daños causados por la pandemia.
“No hay un ambiente propicio para la inversión, sus decisiones arbitrarias asustan a los mercados y a los inversores, tanto internos como externos”, agregó.
El gobierno de Ortega catalogó las más recientes sanciones como “ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales”. Para el gobierno sandinista las acciones de Washington constituyen “una violación de los instrumentos internacionales que rigen el derecho soberano de los Estados”.
Sumar aliados
El funcionario detalló a la VOA los esfuerzos que están liderando para llamar la atención de aliados y otros países del hemisferio, que aún no se han pronunciado sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua.
“Es importante que los países busquen otras maneras de reducir la fuerza represiva del Estado de Nicaragua”, explicó Zúñiga, quien además agregó que él y otros miembros del Departamento de Estado están en “un diálogo constante con otros Gobiernos”, no solamente en la región sino también de la Unión Europea.
