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Tras un año de la aprobación en primera discusión de la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», la Asamblea Nacional de mayoría oficialista ordenó iniciar una consulta pública «con el pueblo y las organizaciones involucradas en los alcances y los elementos necesarios para comenzar la segunda discusión», pese a las abundantes objeciones que este documento ha recibido tanto de ONG nacionales como de instancias internacionales.
Por Luna Perdomo / talcualdigital.com
El documento de ley para regular las organizaciones no gubernamentales no se ha dado a conocer por la Asamblea Nacional porque ni siquiera está publicado en su portal, solo circula un documento extraoficial; para diversas organizaciones forma parte de una política sistemática del Estado venezolano que pretende criminalizar, restringir y perseguir el trabajo de las ONG.
El nuevo coordinador general de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), Oscar Murillo, considera que «este instrumento puede llevar al camino de la destrucción de las organizaciones tristemente transitado por Nicaragua, con terribles consecuencias para las personas, entre ellas las víctimas que son receptores de su labor».
Los defensores de derechos humanos concuerdan en afirmar que tras la aprobación de esa ley los afectados serían los beneficiarios de estas organizaciones, es decir, las víctimas o posibles víctimas que se quedarían sin instancias donde acudir para solicitar ayuda.
«(La aprobación de este proyecto de ley) pone en riesgo a toda esta red de sociedad civil y a las personas que están sufriendo en Venezuela una emergencia humanitaria compleja», principalmente, a los beneficiarios de distintos programas, expone Valentina Ballesta, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Indica que estos quedan expuestos a «grave riesgo de criminalización y represalias».
«La ley se extiende de manera totalizante, ambigua y desproporcionada a todas las fundaciones y asociaciones civiles de derecho privado sin fines de lucro», sentencia el Centro de DDHH de la UCAB.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, más de cuatro millones de personas tienen necesidad de asistencia en Venezuela. Si se eliminan las organizaciones de asistencia humanitaria, esto podría traducirse en que quienes necesitan ayuda para acceder a alimentos no los reciban o quienes necesitan apoyo para atender temas de salud queden desamparados; lo que también puede conllevar a un aumento de la migración, advierte la máxima representante de Amnistía Internacional.
Este proyecto de 17 artículos fue presentado al Parlamento por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien advierte: «Se acabó la mamadera de gallo con las ONG en este país» y esta ley para regular las ONG será «muy severa».
El también diputado Cabello acusa a las organizaciones no gubernamentales de conspirar y dice que una vez aprobado este proyecto de ley, «tendrán que registrarse», pese a que todas las organizaciones -tanto las nacionales como las internacionales- ya están inscritas ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y cumplen con la normativa del país. Afirma que las oenegés que se dedican a la labor humanitaria «no tienen nada qué temer».
Eduardo Trujillo, quien hasta esta semana fue director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sostiene que el proyecto «limita el derecho a la libre asociación, la criminaliza y, potencialmente, puede servir como arma de persecución selectiva”.
Por su parte, Oscar Murillo expone que este proyecto de ley «viene a patentar y materializar la ya evidente criminalización y persecución de todas aquellas organizaciones que hacen vida en el espacio público».
Con la aprobación de este proyecto de ley también se verían afectadas las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, las que impulsan los derechos sexuales y reproductivos, las que promueven el aborto seguro, ambientalistas, educadores, en fin, todas las que defienden y promueven algún derecho humano, incluso organizaciones vecinales.
En una entrevista con Vladimir Villegas, la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional señaló que este proyecto de ley los tiene con «altas alertas» porque «coloca un nivel de arbitrariedad extra al funcionamiento y existencia de las organizaciones que protegen derechos humanos, que prestan asistencia humanitaria, que trabajan sobre el medio ambiente».
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