Un excongresista de Miami que alguna vez fue compañero de habitación del senador Marco Rubio ha demandado a una filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela en una disputa políticamente cargada sobre un contrato de consultoría de 50 millones de dólares que firmó con el régimen de Nicolás Maduro.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Interamerican Consulting de David Rivera presentó la contrademanda en la corte federal de Nueva York el jueves contra PDV USA, registrada en Delaware, alegando enriquecimiento injusto por no pagar el saldo de 30 millones de dólares de la tarifa acordada.
El contrato con Rivera salió a la luz cuando los aliados del presidente encargado Juan Guaidó trabajaban con el Departamento de Justicia para descubrir cualquier trato corrupto en otra subsidiaria estadounidense de propiedad venezolana, Citgo, con sede en Houston, que durante años funcionó como fuente de ingresos para el régimen de ese país.
Paralelamente a la demanda, los fiscales federales también han estado investigando si Rivera y otros destinatarios de grandes contratos con Venezuela participaron en actividades de cabildeo extranjero no registradas para Maduro.
Una junta designada por Guaidó arrebató el control de Citgo, la sexta refinería independiente más grande de Estados Unidos, después de que la administración Trump lo reconoció como el líder legítimo de Venezuela en 2019.
Una demanda presentada el año pasado contra Rivera por los abogados de Citgo argumenta que el exlegislador no realizó casi ningún trabajo como parte del contrato de 50 millones de dólares para mejorar la reputación de la compañía petrolera estatal en los EEUU en ese momento, Maduro estaba tratando de ganarse el favor de la administración Trump, evitando las críticas directas al líder estadounidense mientras canaliza 500 mil dólares a su comité inaugural a través de Citgo.
Rivera, en su contrademanda, argumenta que fue contratado por Citgo, no PDVSA, como se conoce a la petrolera estatal, para desarrollar un plan estratégico para desarrollar una identidad independiente separada de su controvertida matriz. Si bien la nueva administración de Citgo consideró la cantidad sospechosamente alta, Rivera argumenta que “considerando los miles de millones de dólares en juego con la estatura pública y empresarial de Citgo en peligro, Citgo obviamente consideró que la tarifa era razonable”.
Pero PDV USA, la afiliada que administró el contrato, nunca pagó los 30 millones de dólares finales que le adeudaban en virtud del acuerdo. Rivera dice que realizó todo el trabajo requerido y solo recibió objeciones cuando la administración de Guaidó tomó el control de los activos estadounidenses de PDVSA.
Los abogados de Citgo no respondieron de inmediato una solicitud de comentarios.
Rivera es un ex legislador estatal de alto rango que compartió una casa en Tallahassee con Rubio, quien era el presidente de la Cámara de Representantes del estado en ese momento. Desde entonces, se ha visto envuelto en varias controversias relacionadas con las elecciones, incluida la orquestación de la financiación sigilosa de un candidato demócrata desconocido para enfrentarse a su principal rival en una carrera por el Congreso en el sur de Florida y una investigación estatal sobre si ocultó un contrato de 1 millón de dólares con una empresa de apuestas. Nunca ha sido acusado de ningún delito.
Rivera sirvió un solo mandato en el Congreso, en 2011-2013, y durante ese tiempo honró a exiliados venezolanos que huían del régimen socialista y copatrocinó la legislación que buscaba retener fondos de la Organización de Estados Americanos hasta que se enfrentó al entonces presidente Hugo Chávez por presuntamente violar la constitución de Venezuela.
