El anuncio de Maduro, hecho ante una marcha de trabajadores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante el Día Internacional del Trabajador, consistió en incrementar el bono de alimentación de Bs 45 —equivalente $1,81 según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)— a un monto que represente $40 al momento de hacer el pago, que actualmente se traduciría en Bs 990.
Adicionalmente, el mandatario ordenó reducir el monto que se pagaba discrecionalmente a trabajadores de la administración pública registrados en el Sistema Patria por concepto de Bono de Guerra Económica, de un equivalente en bolívares a $45 a una suma de tan solo $30.
La suma de los bonos, ahora indexados al dólar, aunadas al salario de Bs 130 ($5,25) dan un total de $75. En términos de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44%, al pasar de $52 que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el pago del Bono de Guerra Económica, el cestaticket y el salario mínimo, a los $75 que deberían pagarse para el cierre de mayo.
El problema central de este ajuste y cambio en la estructura de la es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en unos $70 otorgados mediante bonos sin carácter salarial.
Con esta práctica, el Ejecutivo emplea un mecanismo para evadir normas que el mismo Gobierno implementó en leyes decretadas bajo la administración chavista, como la LOTTT, cuyo artículo 104 define salario como «la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio».
Originalmente, el cestaticket se otorga como un bono de alimentación a los trabajadores para suplir la necesidad alimenticia, e incluso es posible cumplir con esta exigencia mediante comedores, cupones, tarjetas electrónicas de alimentación o dinero. Con este ajuste, no es una prima que se asigne para cubrir gastos alimenticios, sino la remuneración principal del trabajador.
Esta redistribución de salario frente a cestaticket incumpliría también con las leyes sancionadas durante el gobierno de Maduro, de no ser por decretos y modificaciones que han tenido que aplicarse en los últimos años, sobre la marcha, para adaptar las leyes a la nueva política salarial que implementan a conveniencia.
