La demanda de la candidata opositora María Corina Machado para poder inscribirse como aspirante a la Presidencia de Venezuela el próximo año y ocupar el cargo, si ganara las elecciones, debe contestarse “lo antes posible”, al menos en una primera fase, de acuerdo con juristas de esa nación.
Machado, una ingeniera y activista política de 56 años que ganó holgadamente la primaria del antichavismo para ser su candidata en 2024, introdujo el viernesante el Tribunal Supremo de Justicia un reclamo junto a una demanda de amparo cautelar contra la “vía de hecho”, como califica junto a sus abogados la inhabilitación por 15 años de la Contraloría General de la República, pero que nunca le fue notificada, según argumenta.
La oposición venezolana acusa al oficialismo de utilizar ilegalmente desde hace años la figura de la inhabilitación administrativa para impedir que decenas de líderes antichavistas sean candidatos a cargos de elección o bien para destituirlos.
La Contraloría venezolana informó en junio pasado a través de un comunicado que Machado, entonces favorita en las encuestas para la primaria, había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Según la institución, Machado participó en una supuesta trama de corrupción encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019 cuando presidía la Asamblea Nacional.
Se le acusó además de presuntamente ocultar información de su patrimonio tras cesar sus funciones como diputada hace 9 años.
Si bien voceros del chavismo han dicho en semanas recientes que Machado nunca será candidata presidencial, la dirigente del partido Vente Venezuela precisó que acudió ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte del proceso multilateral de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Noruega, que facilita los diálogos, anunció a finales de noviembre un acuerdo sobre un mecanismo de revisión de las inhabilitaciones a través del Tribunal Supremo de Justicia y la solicitud de un amparo cautelar.
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Una medida “irregular e infundada”
El plazo para acudir ante el máximo órgano de la Justicia vencía el viernes, según voceros del chavismo. Machado introdujo la tarde de ese día su reclamación y solicitud de amparo cautelar contra la inhabilitación que, según alega el escrito publicado por su abogado Perkins Rocha, es “irregular e infundada”.
La medida cautelar de amparo debe contestarse “en un tiempo perentorio”, de acuerdo con el experto constitucionalista y profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Oscar Arnal.
“La respuesta debe ser lo más inmediata posible porque se están violando derechos fundamentales. Están obligados a decidir lo antes posible”, pues la demanda involucra la violación de derechos fundamentales, explica.
De acuerdo con la demanda introducida la tarde del viernes, un amparo a su favor permitiría a Machado “restablecer plenamente el ejercicio efectivo” de sus derechos políticos y “desaparecer y hacer ineficaces cualquier obstáculo administrativo o material” contra su ejercicio político.
Según Arnal, está en juego el desarrollo de la campaña electoral de una candidata para las presidenciales del próximo año. Cualquier impedimento que tenga, alega, “atenta contra ese derecho a elegir y a ser elegido”.
Comenta a la Voz de América que la decisión sobre amparos cautelares no se ven frenadas por el receso judicial en Venezuela, hasta enero, ya que guardan relación con derechos fundamentales.
De acuerdo con el abogado especializado en derecho constitucional y administrativo José Ignacio Hernández, el TSJ debería decidir este lunes si admite o no la demanda de Machado, para cumplir así no solo con los plazos de la ley, sino conlos acuerdos de Barbados, firmados en octubre por el chavismo y la oposición para pactar mejores garantías electorales para el próximo año.
Hernández, quien ejerció como procurador especial de Venezuela por mandato de la Asamblea Nacional opositora entre 2019 y 2020, valoró en su cuenta en X/Twitter la demanda de Machado como “jurídicamente impecable”.
Arnal, por su parte, opina que la acción judicial del viernes pone una “espada de Damocles” sobre el gobierno de Maduro debido a la advertencia de Estados Unidos de revertir la flexibilización de sanciones económicas si se toman pasos contrarios a una elección transparente en 2024.
La celebración de las presidenciales en el segundo semestre de 2024 y la aceptación de observación de parte de la Unión Europea, Naciones Unidas y el Centro Carter son parte de los pactos.
Un jurista especializado en la Constitución venezolana, que pidió no ser identificado por temor a represalias políticas y por considerarse en “riesgo”, explicó que una “vía de hecho” describe una decisión de instituciones públicas sin fundamento en un acto administrativo ni “soporte formal”.
“El TSJ es muy irregular en los tiempos para decidir. Lo que sí está documentado es que a los opositores tarda en responder, en este caso como se trata de un acuerdo político no sabría qué tanto puede demorar, la lógica que se sigue no es la del estado de derecho o lo pautado en la ley”, dice el especialista.
No es una apelación
Perkins, el abogado de Machado, recordó este domingo en X/Twitter que no existe una sentencia judicial “firme de carácter penal” que haya declarado la inhabilitación. Su demanda no es una apelación, aclaró.
Arnal, por su parte, señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que una inhabilitación “sólo puede producirse por sentencia definitivamente firme dictada en un proceso penal”.
Destaca que las inhabilitaciones pueden resolverse por la vía de la “autotutela de la administración”, que involucraría una mera “corrección” del asunto desde la Contraloría General. La vía judicial, en cambio, “es un obstáculo más”, opina.
Machado, por su lado, dijo la tarde del viernes que nadie la sacaría de “la ruta electoral” y consideró que su demanda dejaba “la pelota” sobre su candidatura “en la cancha del régimen”, advirtiendo que su intención es no dar “una excusa” al chavismo para que impida una elección transparente y justa en 2024.
El oficialismo no ha oficializado la candidatura a la reelección de Maduro, como lo prevén analistas. El Partido Socialista Unido de Venezuela debe tomar la decisión de quién será su candidato en un congreso nacional.
