El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo donde ordenó avanzar en la demanda presentada por Guyana contra Venezuela para resolver la disputa sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899.
Tras una docena de perforaciones exitosas, se han certificado al menos 9,4 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente depositados en el extremo sureste del bloque Stabroek y en el bloque Orinduik, en la fachada Atlántica que también forma parte de la disputa.
La decisión de quién se queda con el territorio Esequibo, que tiene 159.500 kilómetros cuadrados de extensión, también supondrá un impacto en materia ambiental para los países, debido a los acuerdos ya suscritos para mantener ese sector de la Amazonía; además de resolver la situación de los pobladores y asentamientos indígenas repartidos en toda esa zona.
Además del potencial navegable y «para el aprovechamiento racional de sus recursos naturales, siempre y cuando se maneje con criterios de sustentabilidad», también destacaron la capacidad agrícola existente al norte de la región, que colinda con la fachada Atlántica, que abastece a la población del país concentrada en este eje.
La jurisdicción del caso pasó de las Naciones Unidas a la CIJ por considerar que el «buen oficiante», figura que estaba mediando en estas diferencias, no fue efectiva.
Desde 2013, la administración de Nicolás Maduro ha afirmado que, hasta tanto no se resuelva la disputa territorial, no se permitirán exploraciones petroleras «más allá de la línea azimut 070°», que abarca una parte del bloque Stabroek.
