La actuación del Ministerio Público se desconoce más allá de las ruedas de prensa donde se ofrecen datos sueltos. Con cifras a discrecionalidad del fiscal impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, tener un estimado de delitos anuales o tan siquiera del seguimiento a tramas de corrupción como Pdvsa Cripto —sometida a la discrecionalidad de la Policía contra la Corrupción— se complica.
El artículo 276 constitucional obliga al Ministerio Público a entregar su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional, además de hacerlo público.
Al no tener información pública certera sobre las actuaciones, los datos se pervierten y desdibujan en cada declaración de Saab. El ejemplo más reciente es la trama de corrupción Pdvsa Cripto, bautizada de esta forma por el fiscal.
Las discrepancias también se notan en otras áreas. Por ejemplo, sobre los casos de acoso escolar informó que «en el año 2022 se registraron en el territorio nacional un total de 271 casos con 413 víctimas, porque en un caso puede haber varias víctimas. Hay 165 adolescentes imputados, pues tienen que sentir que hay una responsabilidad penal en su mala acción de ultrajar, de golpear, de lesionar a sus compañeros. 121 acusados, obteniéndose 12 condenas».
