El martes 18 de julio de 2017, un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público (@MPvenezolano) fue reproducido en decenas de titulares de medios digitales. Ese día, el órgano oficialmente encargado de conducir las investigaciones penales en el país -a menudo, con sesgo partidista- informó que los directivos de Constructora Conkor, Alejandro Josué Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, debían asistir a la Fiscalía el 25 de ese mes para rendir declaraciones en calidad de imputados, como parte de las investigaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco, la cuenca de crudos pesados y extrapesados sobre la orilla norte del río-padre de Venezuela.
A partir de esa fecha, con la publicación de dos tuits que además incluían las imágenes de las órdenes de citación para los imputados del caso, el interés sobre Constructora Conkor se disparó. Por supuesto, el público quería y tenía el derecho -casi tanto como el morbo- de saber. Pero ese interés, que contrariaba la conveniencia para Ruiz y Koury de pasar inadvertidos mientras amainaba la tormenta mediática, encontraría dos obstáculos formidables para saciar su sed de información: uno, el entorno de censura que rodea a la prensa venezolana; y en segundo lugar, sobre todo, que los directivos de Conkor habían pagado 80.000 euros a Eliminalia, empresa española de gestión de reputación, para que les hiciera una limpieza de imagen en la web, suprimiendo las coberturas y menciones negativas.
Esta confirmación se deriva de la filtración de unos 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación que siguen el trabajo de colegas asesinados o amenazados. El consorcio dirige el proyecto Story Killers, una investigación colaborativa sobre mercenarios de la desinformación en la que participan más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación del mundo, incluido Armando.info, que así pudo consultar la documentación filtrada.
Al revisar el legajo queda claro que la persona de contacto entre la constructora y Eliminalia fue Elías Ramón Koury Guevara, director ejecutivo de la empresa. El contrato con la compañía española lo firmó en noviembre de 2018 y meses más tarde, en abril de 2019, hizo lo propio Ruiz Mazzeo, con otro documento. Éste último, además, aparece como contacto de otra empresa venezolana que también requirió sus servicios, que tiene a ambos como socios y que tuvo contratos con la faja: Petrovez.
