Sólo en el discurso político se ve la mejoría en centros asistenciales del país. Fue el encendido de las alarmas que reitera el gremio médico, con el inminente paro técnico en hospitales, aumento en enfermedades y el empeoramiento de indicadores de morbilidad y mortalidad. Exigen soluciones a las autoridades sanitarias y respuesta inmediata a las denuncias. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, piden se retomen los programas permanentes de control y se eviten complicaciones de enfermedades que son prevenibles con la inmunización o con el debido tratamiento.
Es una realidad generalizada, según Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), en reciente rueda de prensa a nivel nacional, dijo que pretenden mostrar una “carátula” desde el Gobierno con una supuesta mejoría en hospitales. “Pero la gente sigue muriendo de mengua, no hay insumos, no hay medicamentos y quien sale bien del hospital es porque ha comprado todo, llevado kits quirúrgico, incluso medicamentos oncológicos de alto costo”. Natera considera que se vive una “crisis bárbara” del sector salud, concebida como un “lock out” o paro técnico que sólo se supera gracias a la mística del personal médico que ha resistido.
Una afirmación compartida por el doctor Rafael Arreaza, expresidente del Instituto del Seguro Social (IVSS), al lamentar que más de 40 mil médicos emigraron por la falta de condiciones y sin salarios dignos. No entiende este retroceso progresivo, al destacar que “llegamos a ser uno de los países con mejor sistema de salud y estamos en la peor situación que ha vivido Venezuela”. Lo define como una especie de catástrofe que arrastra a la mayoría de la población que está tan desprotegida, y que se estima que un poco más de 10 mil casos de tuberculosis se han registrado en lo que va de 2022, cuando el promedio era de 5 mil casos al año. No hay cifras oficiales, debido a los seis años de ausencia del boletín epidemiológico.
Ambos especialistas hacen referencia al informe del centro Johns Hopkins sobre Venezuela que hasta octubre de 2021 advertía el aumento del 5% de la mortalidad materna, descenso en cobertura de inmunizaciones, poco más del 70% de hospitales con deficiencias en servicios públicos y en programas permanentes de prevención o control. Todo entre una población con más de 90% en pobreza, 32% de niños con desnutrición y con uno de cada tres adultos padeciendo de inseguridad alimentaria.
Para Huniades Urbina, desde la Academia Nacional de Medicina, esta “radiografía” del país también ha sido reflejada en la Encuesta Nacional de Hospitales, con base en los 42 centros asistenciales principales del país. Es una realidad que se agudiza desde hace 10 años, con centros como reservorios de pacientes que no pueden ser atendidos por falta de insumos y exámenes diagnósticos. “Vemos un descalabro en la salud que sólo se aprecia en países con conflictos civiles”, dice Urbina. Además, habla del déficit de 50% de quirófanos, fallas en terapia intensiva y sin la seguridad de programas a pacientes crónicos, como los renales y oncológicos.
Para José Félix Oletta, exministro de Salud, “indigna que los problemas de salud no sean tomados en cuenta”. Reprocha el silencio que se mantiene desde el Ministerio de Salud sobre las 76 enfermedades de denuncia obligatoria, falta de inversión, mayor regulación de medicamentos, control de endemias y epidemias. Repudia que sigan las condiciones subóptimas con una mortalidad infantil y materna en ascenso, pero sin el seguimiento oficial desde 2016, lo que evidencia la falta de políticas públicas.
Por más interés en resolver
No se atienden los problemas de salud, es la observación de Édgar Capriles, especialista en economía de la salud, al recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que ese descuido incide en los factores que generan pobreza y es contrario al derecho a mejor calidad de vida. “No es posible que terminamos compitiendo con los más golpeados como Haití y hasta nos supera Bolivia”, destaca al señalar que se ha partidizado la gestión de salud.
Mientras René Rivas, presidente de Colegio de Médicos de Lara, comparte esa apreciación y señaló que 90% de los pacientes deben financiar insumos, tratamientos y hasta exámenes de diagnósticos que antes eran garantizados en centros asistenciales públicos. “Estamos frente al desmantelamiento del sistema de salud, sin los programas que evitarían mayor mortalidad”, resalta.
