El diputado/2015 de la Fracción 16 de Julio, José Luis Pirela, justificó el voto salvado en el Informe Monómeros asegurando que dicho informe dejó por fuera temas fundamentales cuya responsabilidad recae en la Junta directiva y Gerencia General actual de Monómeros.
La Comisión, cuyo nombre es Comisión Especial de Control e investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, S.A., conformada por cinco diputados, aprobó el Informe con los votos de PJ (Bibiana Lucas), AD (Yorman Barillas) y UNT (José Hernández) y los votos salvados de VP (Marco Aurelio Quiñones) y de Pirela (F16J).
Extracto de las razones del voto salvado de Pirela
1.- El Informe acusa a la ex presidenta de la Junta Directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, y el gerente de finanzas de participar una trama para que el principal proveedor de Monómeros, Nitron Group, tomará control de la empresa al convertir deuda en acciones. Sin embargo, dice Pirela, el Informe no evalúa el desempeño de la Junta Directiva y la Gerencia General actual y apunta a tres áreas:
A) «La trama de corrupción que se evidencia con la empresa Insumos del Pacífico». Dice Pirela que el actual Gerente General de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, representó a Insumos del Pacífico antes de tomar el cargo en Monómeros en enero de 2021. Agrega que Rodríguez Laprea «ha suscrito contratos con similares características a las planteadas por Insumos del Pacífico cuando estuvo bajo su representación».
B) Cree que el acuerdo firmado con Lionstreet Ventures Corp., con sede en Panamá, por 15 años y cancelado a los dos meses, violó «de manera flagrante los estatutos de la empresa». «La Superintendencia (colombiana) señala en su informe que con la suscripción de dicho convenio empresarial “existe un riesgo de una transgresión al bien jurídico patrimonio económico de Monómeros que podría ser imputable desde la óptica jurídico penal a los miembros de la junta directiva, representantes legales principales y suplentes, así como a los administradores (gerentes) de la compañía”
C) «La presunta suscripción del contrato con la empresa CI Acepalma» cuya firma fue negada por la Junta Directiva.
2.- El Informe distorsiona «de manera dolosa» la actuación de la Superintendencia de Sociedades colombiana, «al indicar que fue basado y fundamentado en documentos falsos».
3.- «El informe, en gran parte de su contenido, toma como base para sus fundamentos lo esgrimido por el bufete DLA Piper Martínez Beltrán Abogados (…) utilizando incluso el lenguaje del bufete en toda su redacción, inclusive en sus conclusiones y sugerencias». Pirela agrega que dicho bufete fue contratado por la Junta Directiva actual.
4.- «El informe manifiesta de forma muy somera la presunta conspiración de la empresa Nitron sin entrar a la valoración de la situación que a mi juicio es gravísima (…), debido a que es un hecho que pudimos verificar de la cantidad de empleados y ex gerentes que fueron absorbidos por la empresa Nitron y que, a su vez, presume la situación de la utilización del recurso humano de Monómeros para fines que sugieren deslealtad comercial y otros propósitos que pudiesen ser profundamente investigados sobre la inclusión de fertilizantes rusos al mercado que maneja tradicionalmente Monómeros».
5.- «El informe no plantea la necesidad imperiosa de restructurar la Junta Directiva, dejando a un lado los hechos, actos y omisiones comprobados que van en detrimento del patrimonio público de los venezolanos».
6.- «El informe no establece con claridad la necesidad de realizar una Auditoria externa calificada y confiable, que permita conocer a profundidad todos los hechos, actos y omisiones que llevaron a la empresa (Monómeros) a la situación económica actual».
7.- «El informe no presenta la necesidad de someter a consideración de la plenaria de la Asamblea Nacional, autorizar al Procurador Especial de la Republica a fin de practicar las diligencias conducentes al establecimiento de responsabilidades por los hechos, actos u omisiones ejercidas por la actual Junta Directiva de Monómeros, con el propósito de preservar los intereses de la República en materia de activos en el exterior, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
Remata Pirela que «este informe constituye un atentado contra los intereses del país, donde se pone por encima los intereses políticos partidistas que han privado en la redacción y presentación del mismo, haciendo uso de la mayoría circunstancial».
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