El Gobierno de Maduro aseguró este lunes que «toma nota» del informe publicado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que pidió a todos los países que tienen sanciones sectoriales contra Venezuela que las levanten.
«Venezuela toma nota del informe (…) en relación con la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país y las relaciones de cooperación entre el Estado venezolano y dicha oficina», reza un comunicado publicado por la Cancillería.
Bachelet reconoció, durante la presentación del resumen del último informe de su oficina sobre Venezuela en la inauguración de la 48º sesión del Consejo de Derechos Humanos, que esas sanciones han acentuado también el impacto de la pandemia en el país.
«La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de covid-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones», señaló.
Las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se creen que participan en actividades juzgadas ilícitas por cuenta de un Gobierno, y en el caso de Venezuela afectan a entidades del sector petrolero y minero, principalmente.
No obstante, la alta comisionada no se refirió al levantamiento de sanciones personales que pesan sobre diversos miembros del Ejecutivo y del chavismo.
En respuesta, el documento de la Cancillería hace hincapié en que el informe de Bachelet «reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales» y menciona directamente a las «adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el país a partir del año 2014».
También asegura que, como parte de esas sanciones, se ha producido «la disminución del 99 % del ingreso nacional, así como la existencia de elementos para considerar que dichas medidas implican la comisión de crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Roma».
No obstante, considera «lamentable que el referido informe» reproduzca lo que consideran «fallas metodológicas presentes en documentos previos» al incorporar «afirmaciones sin fundamento alguno que no han sido debidamente contrastadas con las autoridades del Estado».
«En ese sentido, Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela», sostienen.
Finalmente, ratifica que el Gobierno continuará «cooperando» con la oficina «con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo como un mecanismo que permita elevar la verdad de Venezuela ante esta instancia».
Por ello, se ha «acordado la renovación por el período de un año de la Carta de Entendimiento entre Venezuela y la Oficina del alta comisionada, incrementando la presencia de funcionarios de la Oficina en el país y ampliando las áreas de asistencia técnica y cooperación».
EFE
