Bachelet calificó de “preocupante” la detención de integrantes de Fundaredes

Bachelet calificó de “preocupante” la detención de integrantes de Fundaredes

julio 5, 2021 0 Por QPEV
Bachelet señaló que las condiciones de detenciones en Venezuela “siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19”

Foto: EFE

Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se refirió este lunes, 5 de julio, a la detención de tres integrantes de la ONG Fundaredes, entre los que se encuentra su director, Javier Tarazona, calificándola de “preocupante”.

“Aprovecho esta intervención para solicitar el acceso urgente de abogados defensores de su elección”, señaló Bachelet sobre los detenidos de Fundaredes durante una declaración hecha ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Tarazona ha documentado e informado sobre los enfrentamientos suscitados en el estado Apure entre la Fuerza Armada venezolana y las disidencias de las FARC, así como las víctimas de estos hechos.

Es de recordar que Tarazona, junto a Omar de Dios García y Rafael Tarazona, fueron acusados de “instigación al odio, traición a la Patria y terrorismo” por el Tribunal Tercero de Control de Caracas en la audiencia de presentación que se llevó a cabo el 3 de julio.

Sobre su reciente informe

Bachelet recordó que su reciente informe “ofrece una visión general de los últimos desarrollos acerca del estado de derecho y del espacio democrático, así como una evaluación de la implementación de mis recomendaciones anteriores”.

Además, agregó que en el mes de septiembre presentará un informe complementario.

La alta comisionada saludó “las nuevas iniciativas anunciadas por el Gobierno incluyendo las reformas de la policía y de la justicia”.

Aunque en su informe señaló “la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad”, consideró que “una sola muerte ya es demasiado”.

También, consideró que la reforma de la policía “es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos, y la prevención de violaciones de los mismos”.

“Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de las fuerzas de seguridad”, agregó.

Condiciones de detenidos

En declaración, Bachelet señaló que las condiciones de detención “siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

“Hago un llamado para a que se garantice a todas las personas privadas de la libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria, de acuerdo con las Reglas de Mandela”, dijo.

Bachelet consideró que la reciente declaración de Nicolás Maduro en la que reconoce los problemas de detención y se compromete a tomar medidas para mejorar la situación “es alentadora”.

“Acojo con satisfacción el inminente cierre de todos los centros de detención gestionados por los servicios de inteligencia, como ha anunciado el Presidente”, agregó.

También recordó que en su informe señala las continuas preocupaciones relacionadas con el debido proceso.” Hay que garantizar el derecho a un juicio justo y sin demoras indebidas, incluido el acceso sin restricciones a una defensa legal de elección propia, la presunción de inocencia, y un tribunal independiente, imparcial y transparente”.

“Sin duda, la confianza en el sistema judicial se construye mediante la aplicación sistemática de estas garantías”, añadió la alta comisionada.

Elecciones y defensores de DDHH

Bachelet indicó que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) “prepara el camino para los procesos electorales regionales y locales previstos para el mes de noviembre”.

Asimismo, manifestó su apoyo a las iniciativas “para establecer un diálogo directo entre las autoridades y la sociedad civil como medidas necesarias para fomentar la confianza”.

“Sin embargo, las restricciones al espacio cívico siguen siendo motivo de preocupación. Resalto, en particular, la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobre todo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”, puntualizó.

También, la alta comisionada recordó que desde junio de 2020 hasta mayo de este año, su Oficina documentó 97 incidentes de este tipo relacionados “con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica”.

“Cualquier desarrollo legislativo o reglamentario debe tratar de reforzar las medidas de fomento de la confianza y la toma de decisiones inclusiva”, agregó.

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