Mujeres privadas de la libertad sufren la desidia del Estado venezolano

Mujeres privadas de la libertad sufren la desidia del Estado venezolano

junio 18, 2021 0 Por @jcarolinaisava

Irregularidades en el suministro de agua potable, escasez de alimentos, inaccesibilidad a productos básicos de higiene personal como toallas sanitarias, insalubridad, maltratos, vejaciones y hasta abuso sexual son parte del fatídico día a día de las privadas de libertad en Venezuela. 

De acuerdo al informe Mujeres privadas de la libertad: Las voces de las mujeres detrás de las rejas, efectuado por el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en Venezuela no se han generado políticas carcelarias con perspectiva de género, por lo que en consecuencia se invisibiliza y discrimina a ese sector de la población reclusa. 

En ese sentido, la mayoría de las normativas giran en torno a las necesidades de los hombres y no han sido atendidas ni adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres.

De acuerdo a los datos extraídos de encuestas efectuadas a un grupo de privadas de libertad, familiares, abogados y coordinadores del OVP en todo el territorio nacional, a inicios del año 2021 las cárceles venezolanas contaban con 37.517 personas privadas de libertad, de las cuales 2.318 son mujeres y 35.560 son hombres. 

En tanto, el porcentaje de mujeres en prisión en Venezuela representa el 6.2% del total, mientras que el porcentaje de hombres representa el 93.8%, lo cual no es diferente al porcentaje de mujeres privadas de la libertad a nivel mundial.

En Venezuela, el sistema penitenciario cuenta con 17 establecimientos femeninos, de los cuales 16 de ellos son anexos de centros penitenciarios masculinos. 

La capacidad instalada de los 17 establecimientos es de 2.154 plazas. Para el 2021, la población reclusa es de 2.318 privadas de libertad; en consecuencia, podemos afirmar que existe un hacinamiento del 101.3% sobre la capacidad instalada, lo cual representa un riesgo moderado en materia de hacinamiento.

El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) es el único centro penitenciario que fue diseñado con el propósito de albergar mujeres privadas de la libertad con un enfoque diferenciado. 

El resto de los centros son anexos de los internados de reclusión masculinos, caracterizados por la improvisación y la falta de adecuación necesaria a los estándares mínimos de reclusión.

Sin atención mínima 

Más del 70% de las mujeres entrevistadas calificó las instalaciones en donde permanecen como malas e insalubres. Asimismo, más del 60% de las encuestadas también develó que tienen acceso esporádico al agua potable en detención, lo cual es un servicio básico e indispensable para la higiene personal y menstrual de la mujer. 

En cuanto a los artículos de aseo personal y uniformes, es la familia quien debe proveerlos. De igual manera ocurre con las toallas sanitarias, aunque son muchas las mujeres que se ven obligadas a usar trapos durante su menstruación, los cuales improvisan con trozos de sábanas o su misma ropa. 

Sobre la alimentación, las reclusas entrevistadas para el informe destacaron que comen cuando mucho dos veces al día. También son los familiares quienes les proveen los alimentos en los centros de detención policial, mientras que la comida en los recintos penitenciarios es escasa y poco balanceada. 

Las privadas de libertad en Venezuela tampoco tienen derecho a la salud. Un 64.6% de las encuestadas aseguró que no ha sido atendida por personal médico desde su detención, mientras que solo un 35.4% recibió atención médica, la cual solo es gestionada en casos de emergencia. 

En otro orden de ideas, en el informe también se detalla que más del 67% de las mujeres que fueron encuestadas duermen en una colchoneta sobre el piso. 

Al ser consultadas, solo 18.8% de las mujeres comparte la celda con una o dos compañeras, mientras que más del 75% comparte la celda con más de 5 o 10 mujeres y 7.8% comparte la celda con más de 20 mujeres. 

Este alarmante porcentaje es clara evidencia del hacinamiento, lo que acarrea consecuencias sumamente negativas que repercuten en la salud, su reinserción, desarrollo, conducta e incluso alimentación.

Mujeres solteras y de escasos recursos 

Mediante el estudio también se pudo conocer que el perfil de las mujeres que están detenidas son madres solteras, responsables del cuidado de su hogar, quienes provienen de un nivel socioeconómico y educativo bajo, de contexto de pobreza y además tienen antecedentes como víctimas de violencia.

Entre expertos 

El informe de las mujeres privadas de la libertad fue presentado por un excelentísimo panel de mujeres liderado por Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Coletta Youngers, investigadora principal Washington Office on Latin America (WOLA); Romina Otero, especialista de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate de la Tortura; la moderadora Macarena Sáez, directora académica del Center for Human Rights & Humanitarian Law; María Corina Muskus, coordinadora de investigación del informe: Mariangel Rincón, asistente de investigación del informe. 

Por su parte, Coletta Youngers enfatizó en que el Estado venezolano evidencia una profunda ausencia de análisis socio-demográfico, tanto cuantitativo como cualitativo, que permita el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género.

De igual manera apuntó que es realmente necesario abrir  el debate sobre nuevas políticas de delitos ligados a las drogas y el impacto que han tenido en la cantidad de mujeres tras las rejas. 

Por otro lado, para Romina Otero es importante visibilizar esta problemática ya que es un patrón que se repite en la región. Los delitos por drogas han hecho que haya un aumento desproporcionado de las mujeres en los centros de detención preventiva.

Asimismo explicó que el problema podría tener una mejor solución abordando de manera preventiva en la sociedad, con planes con enfoque de género y evaluar cómo la discriminación estructural permite que esto siga aumentando. 

Por último, hizo referencia al informe 2020 donde se evidenció cómo la falta de políticas adecuadas no permiten la adecuación de mejores infraestructuras con perspectiva de género, cómo no ha permitido que se reduzca el riesgo de sufrir violencia antes, durante y después de ser privadas de la libertad, además de el impacto que esto tiene para el entorno de la mujer que está presa sin tener que estarlo.