Acceso a la Justicia: Seis aspectos de las propuestas laborales del régimen de Maduro

mayo 29, 2021 0 Por @miguel_melm

Nicolás Maduro se ha calificado a sí mismo como «presidente obrero», y en el día 20 del mes en el cual los trabajadores celebran su día, presentó diez propuestas que persiguen «la recuperación del ingreso de los trabajadores». Sin embargo, tras analizar los planteamientos hechos por Maduro durante el Consejo Presidencial del Poder Popular de la Clase Obrera, Acceso a la Justicia considera que los mismos difícilmente lograrán el objetivo propuesto, lo cual resumimos en seis aspectos.

1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales: ya existe y es inviable

Durante el evento, Maduro anunció la creación inmediata de un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, algo que no es nada novedoso, pues desde hace casi una década existe la Ley Especial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, publicada en Gaceta Oficial n.º 39.945 del 15 de junio de 2012. También existe una disposición expresa en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) del mismo año, en la que se establece la existencia de dicho Fondo de Prestaciones Sociales. El hecho de que casi una década después este fondo no se haya creado genera dudas en relación con su funcionamiento y operación.

Otro de los problemas de esta iniciativa es que es inconstitucional y contraria a los estándares internacionales en la materia, debido a que es potestad de los trabajadores decidir dónde quieren depositar o acreditar sus prestaciones sociales; no lo puede decidir el Gobierno en su lugar ni obligarlos a hacerlo de determinada manera.

Además, la propuesta es inviable porque los trabajadores no se fían del Estado. Vale recordar que, por ejemplo, cuando se efectuó la reforma de la LOTTT en 2012 aún se debían las prestaciones desde 1997 a los trabajadores del sector público. De hecho, no es un secreto que el Estado tarda por lo menos tres años en pagar las liquidaciones de prestaciones sociales a aquellos funcionarios y empleados públicos que pasan a retiro.

2. El petro de pies de barro

Maduro también propuso utilizar el petro, la criptomoneda creada por su administración y cuyo valor se sustenta en el precio del barril de petróleo, a fin de calcular las prestaciones sociales y para que las cajas de ahorros operen con él. La idea podría sonar atractiva, pero tampoco es nueva. Ya en 2018 Maduro había anunciado en cadena nacional que el salario mínimo estaría anclado al petro, pero eso no ha ocurrido.

Hasta ahora este criptoactivo solo ha servido para fijar algunas multas, tasas e indemnizaciones. El caso más célebre de su aplicación en este último sentido fue el mes pasado, cuando la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció una indemnización para el diario El Nacional por el daño moral causado al diputado oficialista Diosdado Cabello.

Con respecto a las cajas de ahorros, para poder activarlas sería necesario reformar la ley que las rige, que fue aprobada el 16 de noviembre de 2010, sobre todo en relación a los límites de las operaciones de préstamos y créditos, las tasas aplicables a los fondos, préstamos y moras de pago y su relación contable a petros. Este es un tema complejo que sería muy importante resolver para incidir de forma positiva en la recuperación de cientos de cajas de ahorros literalmente paralizadas. Su reactivación podría incidir de forma positiva en la economía venezolana y de los trabajadores.

No obstante, este anuncio suena similar a lo que Maduro ofreció en 2018 sobre los certificados emitidos por el BCV, respaldados por «lingoticos» de oro. El plan no funcionó, porque ni los trabajadores ni sus cajas de ahorros confiaron en esa propuesta, de hecho, apenas el 2% de las Cajas de Ahorro reportaron invertir en «lingoticos».

3. Creación de empleos y defensa del salario: se ha hecho todo lo contrario

El jefe del Gobierno propuso crear empleos mediante la promoción del emprendimiento. En cualquier otro país del mundo esto no sería siquiera novedoso, pero en Venezuela sí, pues es precisamente todo lo opuesto a lo que los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y el propio Maduro han venido haciendo en las últimas dos décadas. Solo durante los trece años en que el primero estuvo en Miraflores más de 5.000 empresas fueron expropiadas o estatizadas, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Gasto Público de Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) y de Conindustria.

A lo anterior hay que sumarle la política de controles de precios y fiscalizaciones que han hecho inviable más de un negocio en el país. La combinación de ambas ha reducido las fuentes de empleo disponibles. De hecho, las cifras de desempleo proyectadas por el Fondo Monetario Internacional para Venezuela son de las más altas de la región.

Otra propuesta fue proteger el salario de los trabajadores mediante la lucha contra la inflación y el refuerzo del control de los precios. Sin embargo, el pasado reciente siembra dudas sobre la posibilidad de su cumplimiento. Bajo la actual administración, Venezuela entró en hiperinflación a finales de 2017, de la cual no ha salido ni parece que saldrá en el corto plazo, prueba de ello es la dolarización no oficial de la economía. Este fenómeno ha destruido el ingreso de los trabajadores, empobreciéndolos a unos niveles nunca vistos.

Si las autoridades tuvieran verdadera voluntad de defender el salario de los trabajadores hubieran cumplido con su promesa de anclar los sueldos al petro, lo cual se traduciría hoy en cerca de 28 dólares al mes. El monto continuaría siendo uno de los más bajos de América Latina, pero al menos sería superior a los poco más de 2 dólares a los que equivalen los 7 millones de bolívares del salario mínimo, elevado mediante un decreto presidencial el pasado 1 de mayo.

Con relación al control de precios, basta recordar que desde 2003 las autoridades han dictado distintas normas y regulaciones que buscan evitar el alza indiscriminada de los precios de los productos, pero todas ellas han fracasado. Muestra de ello, es el actual ciclo inflacionario. En efecto, este tipo de medidas lejos de incentivar la inversión privada lo que hacen es ahuyentarla. «El solo anuncio [de control de precios] genera cierto temor de cruzar fronteras [a los empresarios] y no funciona como un disuasorio de incremento de precios. Esto es regresar a los errores que nos trajeron a la situación que padecemos», declaró recientemente el economista Jesús Casique.

4. Pensiones y jubilados: cantos de sirenas

Maduro también ofreció recuperar las pensiones y proteger a los jubilados. En la actualidad, millones de venezolanos que trabajaron durante décadas no reciben ni siquiera 3 dólares al mes para sus gastos. Incluso los que tienen dos jubilaciones por haber aportado a dos sistemas no pueden cubrir sus necesidades más elementales. ¿A dónde se fueron sus aportes, que en décadas pasadas les permitían percibir montos cercanos a 300 dólares mensuales?

Esta promesa también suena vacía, si se recuerda que el Gobierno de Maduro se ha negado a aplicar la Ley de Ticket Alimentación y Medicinas aprobada por la Asamblea Nacional en 2016 para beneficiar a los pensionados y jubilados. Este instrumento buscaba reforzar sus ingresos al otorgarles un beneficio del que disfrutan los trabajadores activos.

5. Contrataciones colectivas. ¿Cambiar para qué?

aduro también propuso un nuevo modelo de contrataciones colectivas, pero no ahondó en el asunto. En la actualidad, las condiciones de las contrataciones colectivas se hacen por negociación directa entre el empleador y el sindicato o a través de federaciones por rama de actividad. Adicionalmente, dichas condiciones rigen por un mínimo de dos años, pudiendo permanecer en vigor hasta por tres años o hasta que se negocien otras nuevas.

Sin embargo, como ha documentado la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Gobierno venezolano ha puesto obstáculos a la posibilidad de que los trabajadores organizados puedan negociar con sus patronos sus condiciones de trabajo. Uno de los más importantes es el requisito de la renovación de las autoridades de los sindicatos, para lo cual se requiere que el Consejo Nacional Electoral (CNE) supervise el proceso. Al encontrarse «en mora» a cientos de organizaciones se les han impedido la posibilidad de negociar contratos en detrimento de los trabajadores.

6. Consejos Productivos de Trabajadores: zapatero a sus zapatos

El mandatario también planteó que los trabajadores asuman la conducción y dirección de las empresas, públicas o privadas, mediante los llamados Consejos Productivos de Trabajadores. Esta figura está prevista en la Ley Constitucional de los Consejos Productivos de los Trabajadores, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.336 del 6 de febrero de 2018.

El artículo 5 de dicho texto establece que estos consejos son organizaciones de carácter laboral (de naturaleza no sindical), conformadas con la finalidad de impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de bienes y servicios de las empresas. Dichos comités estarán integrados por hasta siete voceros (delegados) trabajadores, incluyendo a un trabajador miliciano.

La experiencia ha probado que ubicar a personas sin formación y ni capacitación correspondiente en cargos de responsabilidad no hace más que poner en riesgo la supervivencia de las empresas. Una investigación de Transparencia Venezuela publicada en 2017 arrojó que el Estado gastó 20.000 millones de dólares en mantener su enorme e improductivo aparato industrial, más de lo que que destinó a la salud, vivienda y educación.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Mientras que en Venezuela no se ponga orden macroeconómico y no se respeten la propiedad privada, la empresa, el trabajo y la formación de la persona más allá de la afiliación política, amiguismo o clientelismo, así como no haya seguridad jurídica, es difícil que se pueda fomentar la inversión privada, cuya consecuencia sería una verdadera creación de empleos que sean pagados de manera competitiva.

Casi la totalidad de los puntos propuestos por el Gobierno de Maduro son antiguas promesas inviables que no plantean un cambio de fondo sobre las políticas públicas en materia socioeconómica, que es lo que en realidad hace falta en el país.

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