CAF: De puertas adentro, por Patricia Janiot

CAF: De puertas adentro, por Patricia Janiot

7 abril, 2021 0 Por

Un hombre camina frente al logo corporativo del Banco de Desarrolllo de América Latina.  REUTERS/Carlos Garcia Rawlins 

Esta semana se prevé una crucial reunión del directorio de CAF / Banco de Desarrollo de América Latina, para hacerle frente a la grave crisis de liderazgo que atraviesa la institución y que amenaza con ser el escenario de una nueva medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda en la región.

Por Patricia Janiot / patriciajaniot.news

En la agenda de la reunión del directorio, que integran representantes de 19 países, hay dos puntos importantes. El primero es buscar un sucesor a Luis Carranza, el exministro peruano de economía, quien renunció a la presidencia ejecutiva de CAF el pasado 23 de marzo, un año antes de finalizar su mandato.

Esta es la segunda vez en la historia de las instituciones multilaterales que un director o presidente renuncia durante su primer mandato. Carranza se suma al francés Dominique Strauss-Kahn, quien en 2011 renunció a la dirección del Fondo Monetario Internacional acusado de asalto sexual contra una mucama del hotel donde se hospedaba en Nueva York.

Otro punto a tratar en la reunión del directorio de CAF es precisamente lo que precipitó la salida de Carranza: la decisión inédita del directorio, en 50 años de funcionamiento del banco, de integrar una comisión independiente encargada de investigar decenas de denuncias de acoso laboral, despidos injustificados, atropellos hacia funcionarios de la institución que fueron forzados a renunciar luego de que Carranza asumiera el liderazgo del ente financiero en 2017, sumados a serios cuestionamientos sobre la transparencia de ciertos manejos administrativos y de gobernanza de la organización.

La renuncia

En su carta de renuncia, Carranza lamenta “el interés de politizar la actuación de CAF”. Atribuye su decisión a la falta de respaldo del directorio para aprobar “importantes iniciativas” – incluyendo “un novedoso esquema de capitalización” – y para aceptar el nombramiento de su designado en una de las vicepresidencias del banco.

“Esta decisión (del directorio) responde a mi juicio, en parte a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.

El Presidente Ejecutivo va más allá y decide apuntar su dedo acusador. “En particular, los Directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020, que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo”.

Lo que el saliente Luis Carranza sí quiso pasar por alto fueron los serios cuestionamientos de cerca de 40 exempleados sobre su política que califican como un “régimen de terror” o “una administración de cuartel”. El exministro solo se limitó a escribir: “Durante mi gestión se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”.

De acuerdo con los testimonios de 8 exfuncionarios que entrevisté, fueron precisamente la integridad, la ética y la transparencia, los valores que se barrieron debajo de la alfombra para “deshacerse” abruptamente de unos 100 empleados con muchos años (en algunos casos cuatro décadas) de servicio a CAF.

El modus operandi

Según las declaraciones que obtuve, el esquema aplicado desde 2017 hasta finales de 2020 ha tenido un patrón:

* Oferta de jubilaciones adelantadas.
* Supuestas faltas cometidas por los funcionarios para justificar su separación de la entidad sin ofrecer argumentos ni la posibilidad de escuchar la defensa del funcionario.
* Incumplimiento de los procedimientos administrativos para argumentar una separación del cargo.
* Ultimátums telefónicos o presenciales (“o renuncia o lo despedimos”).
* Una carta de renuncia previamente redactada.
* Coacción de los funcionarios que ejecutan “las renuncias”, las cuales deben ser firmadas de inmediato o en el menor tiempo posible.
* Bloqueo al instante del acceso al edificio y a sus computadores.
* La firma de un compromiso de confidencialidad, donde se establece que en caso de controversias, estas deben dirimirse ante la Comisión de Arbitraje de la ONU en Nueva York, desconociendo la jurisdicción local de un organismo que opera en diferentes países de América Latina, el Caribe y España.

A cambio de la renuncia, los empleados reciben una liquidación económica que, de acuerdo a algunos entrevistados, no podía ser verificada plenamente. En los casos de ciertos expatriados, dicen, tenían muy poco tiempo para organizar asuntos personales (colegios, tratamientos médicos, arriendos, menajes). A los funcionarios que estaban próximos a obtener su jubilación, les ofrecían un seguro de salud vitalicio, de acuerdo a la normatividad interna de CAF.

Los problemas comenzaron a evidenciarse tan pronto Luis Carranza sucedió en la presidencia ejecutiva a Enrique García, quien con un prestigio generalizado presidió el Banco de Desarrollo de América Latina durante 26 años.

El negocio bancario

En 2017, el gobierno venezolano solicitó un crédito por 400 millones de dólares. De acuerdo con la legislación venezolana, los endeudamientos de la nación deben contar con la aprobación de la Asamblea Nacional que en la época ya estaba controlada por la oposición.

Sin el aval de la asamblea legislativa, el banco determinó la ilegalidad del crédito, el cual tenía como principal objetivo pagar unos vencimientos de deuda contraída con la propia CAF.  Es decir, el gobierno de Maduro solicitaba más dinero prestado a CAF para luego devolvérselo nuevamente al banco con el propósito de cancelar unos intereses y su obligación de pago de una porción de otro préstamo anterior otorgado por CAF.

Tanto el consultor jurídico Ricardo Sigwald, como directivos de la Vicepresidencia del Sector Productivo y Financiero de CAF, recomendaron refinanciar la deuda y aplazar los vencimientos. Sin embargo, según fuentes consultadas, el gobierno venezolano se opuso porque no quería hacer evidente su falta de liquidez e incapacidad de pago.

Fue entonces cuando la nueva administración de CAF planteó esta fórmula: otorgarle un crédito al Banco Central de Venezuela para que este a su vez le entregara el dinero al gobierno de Nicolás Maduro. De esta manera, el régimen venezolano atendería sus obligaciones y vencimientos de deuda con CAF.

Los funcionarios antes mencionados se opusieron, argumentando que los créditos para las instituciones financieras se destinan para programas de transformación productiva o necesidades transitorias de liquidez, pero no para operaciones de pago de deuda a largo plazo. “Eso no es ético”, me dijo uno de ellos.

Como un delincuente

El consultor jurídico que llevaba 17 años trabajando para CAF, escribió un memorando al presidente Carranza en el que manifestaba que la alternativa planteada no era aconsejable, porque a su juicio ponía en riesgo la posibilidad de que el Estado venezolano reconociera esa deuda con CAF en caso de un default.

La defensa de los intereses del banco le costó el puesto a Sigwald y al vicepresidente del área encargada, quienes – según declaraciones obtenidas – “de manera arbitraria fueron invitados a un retiro forzado”. Otro funcionario me comentó: “A Sigwald lo trataron como si fuera un delincuente. No pudo ni siquiera entrar a su oficina”.

Sigwald, quien era muy apreciado por sus compañeros debido a su integridad y a su don de gente, quedó muy afectado por la forma en que fue despedido. Interpuso una acción judicial contra el banco y con el tiempo sus problemas de salud se agravaron hasta que falleció en 2020.

La nueva presidencia de CAF hizo prevalecer su interés por evitar que Venezuela, uno de los principales deudores del banco, entrara en mora y afectara así la calificación de riesgo del organismo. El préstamo al Banco Central de Venezuela finalmente se aprobó a finales de 2017.

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