Unión Europea sanciona a 19 altos funcionarios venezolanos

Unión Europea sanciona a 19 altos funcionarios venezolanos

22 febrero, 2021 Desactivado Por @jcarolinaisava

Por: Carolina Isava / @jcarolinaisava

Unión Europea sancionó a 19 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro entre los que se encuentran diputados de la Asamblea Nacional del 2020, para un total de 55 sancionados.

Una lista en la que se encuentran Viceministros, Directores varios cuerpos de seguridad del estado, Magistrados, Diputados y Rectores del CNE entre los que se encuentra:

Remigio Ceballos; Comandante, desde junio de 2017, del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armadas Nacional Bolivariana (CEOFANB) de Venezuela, el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolanas. El CEOFANB controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana.

El CEOFANB es además responsable de coordinar las intervenciones de la FANB en las manifestaciones. Como comandante del CEOFANB, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el uso excesivo de la fuerza y tratos inhumanos y degradantes por parte de agentes de la FANB y de las fuerzas subordinadas bajo su mando, incluida la Guardia Nacional Bolivariana.

Omar Prieto; Gobernador del estado de Zulia desde diciembre de 2017. En el ejercicio de su cargo, ha menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en el estado de Zulia.

Asumió el cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no reconocida después de que el vencedor legítimo de las elecciones se negase a jurar su cargo ante la ANC. Omar José Prieto promovió activamente las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional que se celebraron el 6 de diciembre de 2020.

Asimismo, ha amenazado, en el estado de Zulia, con «visitar las casas» de los líderes de la oposición y ha asegurado que proclamará la independencia de dicho estado si asume el poder un gobierno de transición dirigido por Juan Guaidó.

José Dionisio Brito; Diputado a la Asamblea Nacional no elegida democráticamente y presidente de la comisión parlamentaria que investiga las «acciones perpetradas contra la República» por los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Además, José Dionisio Brito Rodríguez ha asumido de forma ilegítima la dirección del partido de la oposición Primero Justicia (PJ), tras una decisión del Tribunal Supremo de junio de 2020. En 2019 fue expulsado de Primero Justicia por acusaciones de corrupción. En su calidad de diputado a la Asamblea Nacional, participó asimismo en la elección ilegítima de Luis Eduardo Parra Rivero como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020, a esto se le suma un sin número de agresiones publicas contra periodistas y medios de comunicación indepediente.

José Bernabé Gutiérrez; Diputado a la Asamblea Nacional no elegida democráticamente y dirigente ilegítimo del partido de la oposición Acción Democrática. Gutiérrez también obtuvo el control ilegítimo del
partido de la oposición Acción Democrática (AD), en junio de 2020 a través de una decisión del Tribunal Supremo. Bernabé, contraviniendo la posición de Acción Democrática anterior a su toma de control del partido, participó con este partido en las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020, igualmente modificó la posición del partido,
se sirvió de sus símbolos en actos públicos, como debates televisados.

Este funcionario fue expulsado de Acción Democrática por miembros legítimos de dicho partido, quienes calificaron sus acciones de conspiración y traición, por lo que sus acciones, y a juicio de la Unión Europea han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Luis Fernando Damiani; Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones
que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 y la suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020. Por tanto para la UE, sus acciones han menoscabado la democracia.

Lourdes Suárez Anderson; Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE), por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 y la suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020.

Calixto Ortega; Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 y la suspensión y sustitución.

René Degraves Almarza; Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 y la suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020. Contribuyendo según la UE a que el poder ejecutivo en Venezuela menoscabe la democracia y el Estado de Derecho.

Arcadio Delgado; Magistrado y vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020 para la suspensión y sustitución unilateral de la dirección de tres de los principales partidos de la oposición democrática en junio y julio de 2020.

Carmen Zuleta; Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Como miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, es responsable de acciones, declaraciones y decisiones que han usurpado las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional y menoscabado los derechos electorales de la oposición, en particular la designación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo en junio de 2020.

Indira Alfonzo; Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 13 de junio de 2020. Antigua miembro de la Sala Electoral y de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vicepresidenta suplente del TSJ desde 2015 hasta el 24 de febrero de 2017, vicepresidenta del TSJ desde el 24 de febrero de 2017 hasta el 12 de junio de 2020. Como miembro de la Sala Electoral del TSJ, Indira Maira Alfonzo Izaguirre es responsable de las medidas adoptadas contra la entonces recién elegida Asamblea Nacional en diciembre de 2015, que tuvieron como consecuencia que dicha Asamblea no pudiese ejercer el poder legislativo que le correspondía.

Leonardo Morales; Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) desde el 7 de agosto de 2020 y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. El 7 de agosto de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a Leonardo Enrique Morales Poleo vicepresidente del CNE y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, a pesar de que esta prerrogativa corresponde a la Asamblea Nacional. Asimismo, justo antes de dicha designación, desempeñó funciones en el partido Avanzada Progresista.

Tania D’Amelio; Miembro (rectora) del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período 2016-2023. Anteriormente, miembro (rectora) del CNE durante el período 2010-2016. Tania D’Amelio Cardiet, como rectora del CNE desde 2010, ha contribuido directamente, en el desempeño de sus funciones, a menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al preparar las elecciones no democráticas a la Asamblea Nacional de 2020.

José Domínguez Ramírez; Director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) desde el 6 de mayo de 2019. Antiguo comisario jefe de las FAES en estado de Táchira. Además, José Miguel Domínguez Ramírez fue director de operaciones de las FAES, adscritas a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela cometidas por agentes de las FAES bajo su mando.

Carlos Carvallo Guevara; General de división y director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde el 21 de agosto de 2020. Sucesor del general Rafael Ramón Blanco Marrero.
Anteriormente, Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara sirvió en la DGCIM, en la región de Los Andes, y ocupó un alto cargo en la Guardia Nacional Bolivariana. Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando.

Jesús Vásquez Quintero; General de división desde el 5 de julio de 2019 y fiscal general de la Fiscalía Militar desde diciembre de 2017. Como fiscal general de la Fiscalía Militar, es responsable de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La Fiscalía Militar ha estado vinculada a la persecución judicial interna en las Fuerzas Armadas y a la falta de investigación de incidentes, incluido el caso de la muerte del capitán Acosta en 2019.

Carlos Enrique Terán; General de brigada desde el 5 de julio de 2019 y director de la Dirección Especial de Investigación Penal y Criminalística de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2019.
El general de brigada Carlos Enrique Terán Hurtado fue anteriormente director de la policía en el estado de Falcón y director de la DGCIM en el estado de Táchira. Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas el trato cruel e inhumano de detenidos, cometidas por agentes de la DGCIM bajo su mando.

Manuel Eduardo Pérez; Viceministro de Relaciones Interiores y Justicia desde el 7 de abril de 2015. En el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, el general de brigada Manuel Eduardo Pérez Urdaneta ocupa uno de los cinco cargos de viceministro. Su cartera incluye la Prevención y Seguridad Ciudadana. El general de brigada Pérez Urdaneta fue anteriormente director de la Policía Nacional Bolivariana. En el ejercicio de este cargo, fue responsable de graves violaciones de los
derechos humanos, entre ellas el recurso a la fuerza física extrema contra manifestantes pacíficos, cometidas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana bajo su mando.

Douglas Rico; Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) desde el 5 de febrero de 2016. Fue anteriormente vicedirector del CICPC. Es responsable de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes de la CICPC bajo su mando. El informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela describe a la CICPC como una institución que comete violaciones de los derechos humanos en Venezuela de manera sistemática.

Con estos 19 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro la lista totaliza a 55 los sancionados por la Unión Europea.