Objeciones al informe de DD. HH. de la ONU no logran desacreditarlo

Objeciones al informe de DD. HH. de la ONU no logran desacreditarlo

6 octubre, 2020 Desactivado Por Editor
En su intento por desautorizar el informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas y zafarse de los señalamientos de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, el gobierno venezolano recurre a tácticas habituales: afirmar que el informe tiene fines políticos, invalidar técnicas forenses de análisis de datos, malinterpretar leyes internacionales y demostrar su incapacidad para respetar los pasos del debido proceso de justicia

@GitiW

Dos días después de la publicación del informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, derivado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano puso en marcha la “misión verdad”, táctica con la que intentan desacreditar los hallazgos de la investigación que identificó a Nicolás Maduro, y a otros 45 funcionarios de su administración, como responsables de crímenes de lesa humanidad.  

El informe de casi 500 páginas detalla la metodología que siguió el equipo de investigadores liderado por tres abogados penalistas con amplia experiencia en casos de violaciones de derechos humanos: Marta Valiñas (Portugal), especialista en justicia penal internacional que trabajó en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Francisco Cox (Chile), quien representó ante la Corte Penal Internacional a 2.605 víctimas del conflicto armado en Uganda, y Paul Seils (Reino Unido), quien entre 2004 y 2008 fue jefe de Análisis de Situación en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Pese a la trayectoria de los investigadores, voceros del gobierno venezolano calificaron el informe como un documento plagado de errores técnicos y realizado con fines políticos. “Esta nueva misión supuestamente independiente se ha convertido en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en el país”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno

También el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza, criticaron el informe por considerarlo “un reporte con un marcado sesgo político que tiene la intención de atacar a las instituciones venezolanas”.

Pareciera que los voceros oficiales activaron paralelamente a la “misión verdad” la “misión amnesia selectiva”, pues en contraste con el sesgo político que hoy le endosan a su trabajo, la labor de Cox fue alabada por aliados del régimen venezolano cuando integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual investigó y demostró la falsedad de la llamada “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ofrecida originalmente por el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Calificar a quien discrepe del gobierno como un “actor político del antichavismo” es la técnica más socorrida del gobierno venezolano, pero no es la única que empleó la “misión verdad” en su intento por desautorizar las conclusiones del informe de la ONU, también objetaron que la Misión no viniera a Venezuela y que usara fuentes anónimas para obtener información. 

La Misión no vino a Venezuela porque no lo permitió el Estado

“Que la Misión de la ONU no viniera a Venezuela para elaborar el informe fue una falla terrible”, sentenció Saab. Nada dijo el fiscal acerca de las seis peticiones que hizo el equipo de investigación para entrar al país. Saab tampoco dijo que la Misión ofreció al Estado enviarle el informe antes de ser publicado para que pudieran revisarlo y contestar los aspectos que creyeran necesario. 

“Hay que partir de la idea de que cuando un gobierno niega la entrada a investigadores de derechos humanos, es porque no quiere que vean lo que pasa adentro. Negarle la entrada a una misión de investigación manifiesta una intención premeditada de ocultar la verdad”, dijo Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Jiménez explicó que tanto en las investigaciones académicas, como en las periodísticas y en las de derechos humanos, lo ideal es ir al terreno y en un buen número de casos se puede hacer. “¿Cuándo no se puede? Hay dos limitaciones típicas: cuando hay amenazas graves a la seguridad que lo impiden, por ejemplo, ante la inseguridad extrema que representa un conflicto armado; y la segunda razón es la negación de un Estado a dejarte entrar”.

El propio informe de la Misión reconoce que tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas la falta de acceso a Venezuela pese a solicitarlo en seis ocasiones. Confirman que pese a ese obstáculo, “la Misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos y llegar a conclusiones de conformidad con su mandato”. 

Como es costumbre, el gobierno venezolano le cierra las puertas a unos y se las abre a quien les conviene. La abogada e investigadora de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, comparó el trato dado a la Misión Independiente con el ofrecido al experto de la ONU Alfred de Zayas en 2017, a quien se le permitió visitar el país pues el experto es crítico de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela. 

“Venezuela es muy selectiva respecto de los mecanismos internacionales con los que coopera. Entre los criterios objetivos que justifican esta investigación está precisamente la falta de apertura del Estado al escrutinio internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado por distintos medios excluirse de ese escrutinio, por ejemplo, a través de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, dijo Ballesta. 

No haber hecho la investigación en el terreno ha sido el principal motivo de descrédito oficial de los hallazgos del informe. Sin embargo, Jiménez apuntó que al chavismo se le olvida que en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez usó una investigación del Washington Post sobre los centros clandestinos de la CIA en Europa, para acusar inmediatamente al expresidente George Bush Jr. de “genocida, asesino, terrorista y secuestrador”

En aquella investigación, el Washington Post usó únicamente fuentes confidenciales y los reporteros no pudieron ir a Polonia y Rumania para verificar lo dicho por los informantes. La organización Human Rights Watch -hoy otro “actor político” denostado por el gobierno chavista-, confirmó el hallazgo del medio pues de manera remota y usando herramientas tecnológicas, logró precisar los patrones de vuelos entre Afganistán y los dos países del este europeo. 

“¿Quién fue a Rumania y a Polonia y entró en los centros clandestinos para afirmar que existían? Nadie, pero a las semanas salió Hugo Chávez Frías a decir que eso era un escándalo internacional. No recuerdo que haya puesto como objeción que los reporteros o la ONG no habían estado en el terreno. Cuando la metodología de investigación se usa para mostrar cómo viola derechos humanos tu enemigo, entonces la metodología es aceptable, pero cuando se usa para mostrar lo que tu gobierno le hace a su propia población, la metodología se cuestiona”, argumentó la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

La prohibición de entrada a Venezuela tampoco impidió que la Misión revisara documentos oficiales como los expedientes legales. “Los expedientes los arma el sistema de justicia venezolano. Es muy difícil conseguirlos, se los niegan a los abogados, pero existen y se consiguen. Lo que reposa en los expedientes lo escribe el propio Ministerio Público así que como fuente de información es muy importante. En el informe, la Misión cita parte del expediente del capitán Acosta Arévalo y eso dio una cantidad de información que no podían obtener de otra fuente, por ejemplo, permitió conocer que él no murió en el hospital sino frente al juez en el tribunal. El análisis del expediente es muy importante porque demuestra muchas inconsistencias”, explicó Jiménez. 

Investigación digital forense: la técnica que no deja piedra sin levantar 

“¿Cómo se cumple con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cuando no te dejan entrar en un país? Estamos en el siglo 21 y se recurre a metodologías de investigación propias para los países cerrados, aquellos que no dejan que nadie entre a hacer monitoreo y escrutinio. Esas metodologías consisten en utilizar fuentes de información que te permitan corroborar los hechos denunciados”, explicó Jiménez. 

La negativa del gobierno de Maduro a permitir la entrada a Venezuela a la Misión de la ONU no impidió que los investigadores analizaran 223 casos, 48 de los cuales describen en detalle, y realizaran 274 entrevistas a víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, ONG y personal internacional. Los tres abogados penalistas que lideraron la Misión contaron con un equipo de expertos apostado en Panamá, dedicado a la investigación digital forense.

El uso de pruebas digitales está ampliamente descrito en el informe así como la metodología de investigación digital forense que se le aplicó a cada material. “La Misión evaluó la fiabilidad de la fuente mediante información objetivamente verificable, la corroboración de fechas y horas, la comparación visual, la comparación de las características de los objetos, las personas y/o los lugares, la geolocalización, la cronolocalización y la integridad de la misma, por lo que se analizó si la fuente captaba la información en su totalidad y en su contexto circundante”, describe el informe de la ONU.  

Venezuela no es una excepción como caso de país cerrado. “Otros mandatos han tenido la misma restricción de acceso y eso no deslegitima su trabajo ni la seriedad con la que se corroboran las evidencias. Las autoridades de Myanmar, Yemen, Burundi, Siria y Corea del Norte tampoco permitieron el acceso y las investigaciones se llevaron a cabo de manera remota”, explicó Ballesta. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional explicó que las metodologías de investigación aplicadas “son las mismas que pudieron haber aplicado de haber estado en el terreno. La no entrada a Venezuela no les quitó la posibilidad de tener acceso a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, a todas las fuentes abiertas de información y a informantes del gobierno como funcionarios actuales y retirados. El trabajo de investigación permitió excluir denuncias sin respaldo y corroborar los datos mediante la triangulación de fuentes”. 

Ante la preocupación de la Misión por la seguridad de las fuentes entrevistadas, muchos testimonios se dieron a conocer de manera anónima, mientras que otros, como el del General Christopher Figuera, se citan con nombre y apellido. 

En su intento por invalidar los hallazgos del informe de la ONU, la “misión verdad” objetó que el uso de fuentes anónimas para denunciar torturas en organismos como el SEBIN y el GDCIM era “inaceptable por ser imposibles de contrastar”. Nuevamente aparece la amnesia selectiva pues al chavismo se le olvida el uso que le ha dado el Ministerio Público venezolano a la figura del patriota cooperante, personas carentes de identidad cuyas “denuncias” son tomadas al pie de la letra para arrestar y procesar a ciudadanos inocentes. 

Ajá, ¿dónde están las pruebas? 

Otro de los aspectos que el gobierno parece no entender es el alcance de la investigación presentada por la Misión Independiente de la ONU. A la “misión verdad” le pareció incongruente que el estándar de prueba utilizado por los investigadores haya sido inferior al que se requiere a nivel penal. “Esta inconsistencia muestra claramente que el informe intenta sesgar la opinión pública venezolana y mundial a favor de los objetivos de la Misión [de la ONU]”, dicen en su argumentación

En efecto, en el informe se explica que “en consonancia con otras misiones de determinación de los hechos establecidas por el Consejo de Derechos Humanos, la Misión utilizó como estándar de prueba los «motivos razonables para creer» (…). Este estándar de prueba es inferior al que se requiere en los procedimientos penales para sostener una acusación, pero es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones”. 

Ballesta insistió en la necesidad de entender “que hay diferencias entre los alcances de un mecanismo de investigación independiente y el proceso que sigue una fiscalía. No hay ninguna expectativa de que el informe de la Misión sirva como una especie de sentencia pues para eso se necesita un juicio justo con personas acusadas formalmente, donde se presenten pruebas y los acusados se defiendan”. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional puntualizó que el mandato y alcance de la Misión es recoger la información. No se trata de un estándar menor en sentido de ineficiencia, sino de que ese es el tratamiento que corresponde para esta fase del proceso de establecimiento de responsabilidades. 

“Se trata de un paso antes de llegar al umbral de presunción de inocencia y motivos suficientes para creer. Con este estándar dicen que existen suficientes evidencias creíbles de crímenes de lesa humanidad y que las personas señaladas tienen responsabilidad. No se está juzgando ni condenando a nadie”, dijo Ballesta. 

Entender y respetar los pasos del debido proceso de justicia debe ser todo un reto para el chavismo. Basta recordarle a la “misión amnesia selectiva” el caso de la juez Lourdes Afuini, en el cual el fallecido presidente Hugo Chávez, acusó, juzgó y sentenció a la letrada en cuestión de minutos ante una audiencia que lo apoyó y aplaudió. 

Si bien los señalamientos del informe no constituyen una acusación formal para Maduro ni para los 45 funcionarios identificados, la Misión mantendrá preservados todos los materiales recabados para cuando llegue el momento de rendir cuentas, pues desde ya, terceros países pueden apoyarse en el principio de jurisdicción universal para juzgar los crímenes descritos, y organismos como la Corte Penal Internacional pueden avanzar en la investigación abierta en 2017 a solicitud de seis países del Grupo de Lima. 

Sin intención de exterminar

El último aspecto que el gobierno de Maduro cuestionó del informe de la Misión Independiente de la ONU fue el referido al concepto de crimen de lesa humanidad, alegando que “está mal empleado desde el principio, configurando un error metodológico que, además de debilitar la credibilidad técnica del informe, muestra toda su intencionalidad política”. 

No se trata de una objeción menor toda vez que los crímenes cuya responsabilidad recae sobre Nicolás Maduro y otros 45 funcionarios son de dicha naturaleza. De acuerdo con la argumentación de la “misión verdad”, “el concepto clave [para calificar un crimen como de lesa humanidad] (…) es el «exterminio», entendido como acciones intencionadas que buscan eliminar progresivamente a una población por su afiliación política, étnica o religiosa. Es falaz concebir que en Venezuela existen prácticas generalizadas para exterminar sectores políticos o sociales”. 

El Estatuto de Roma, en vigencia desde 2002 y ratificado por Venezuela, describe en su artículo siete que constituye un crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estos son los crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

La abogada de Amnistía Internacional señaló que no está en el Estatuto de Roma la exigencia de que un crimen de lesa humanidad busque exterminar a una población. “Crimen de lesa humanidad no es igual a genocidio pues el exterminio es en sí un tipo de crimen. El artículo siete habla de exterminio como uno de los delitos, pero no es el único”. 

En su lectura, la “misión verdad” parte de la premisa de que todo crimen de lesa humanidad tiene como finalidad el exterminio de un grupo. “Hay un error de interpretación. Como crimen de lesa humanidad hay varias conductas tipificadas y ninguna requiere la intención de exterminio como motivación para las acciones. La condición es que sean cometidas de manera sistemática o generalizada, dirigidas hacia una población civil como parte de una política”, explicó Ballesta. 

En sus conclusiones, la Misión Independiente de la ONU confirmó la existencia de todas las características que definen los crímenes de lesa humanidad: “Hay motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”. 

En defensa de Maduro, la “misión verdad” negó que la motivación del gobierno haya sido el exterminio de parte de la población. ¿Cuál ha sido entonces el trasfondo de sus acciones? 

Con base en los casos analizados entre el 2014 y 2017, el informe pudo identificar no una, sino dos políticas estatales distintas en torno a las cuales se aglutinan delitos como la tortura, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: a. Una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro; y b. Una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas percibidas como “delincuentes” mediante la ejecución extrajudicial.

La Misión de la ONU sólo estudió un período concreto del chavismo en el poder pero las conclusiones del informe quizás sirvan para atizar el debate sobre si dichas políticas de dominación y control social, han guiado al gobierno a lo largo de los veintiún años que lleva en el poder y son las responsables de la destrucción de todas las instituciones democráticas venezolanas.