IPYS: Un derecho en escasez

IPYS: Un derecho en escasez

29 septiembre, 2020 Desactivado Por Editor

  • Ausencia de boletines epidemiológicos, imposibilidad de obtener declaraciones de funcionarios públicos, limitaciones arbitrarias para entrar a lugares, censura, escasez de fuentes, fallas de conexión y precariedad de los servicios básicos, son parte de la larga lista de restricciones que padecen los periodistas en Venezuela para dar cobertura, recabar testimonios y documentarse sobre asuntos de interés público
  • Al menos 27 casos de impedimentos al acceso a la información pública ejecutados por cuerpos de seguridad y funcionarios públicos fueron registrados por IPYS Venezuela hasta agosto de 2020
  • A lo largo de los más de seis meses que ha durado el confinamiento por la pandemia del Coronavirus, los operadores de internet en Venezuela han bloqueado más de 40 portales de medios de comunicación, páginas especializadas en información de la COVID-19 y otras herramientas y plataformas digitales usadas por la ciudadanía en el país

En Venezuela, el acceso a la información pública es un laberinto de obstáculos. Conforme pasan los años, para medios, periodistas y ciudadanos, hacer valer este derecho se ha transformado en una misión imposible. Así lo constató IPYS Venezuela en los últimos meses, que ha dado cuenta de al menos 27 casos de impedimentos al acceso a la información pública por parte de funcionarios de seguridad y autoridades del Estado en todo el territorio nacional.

Con el escenario de la pandemia por la COVID-19 en el país, las limitaciones no han cesado. Al contrario, en este momento cuando la información cumple un rol trascendental y debe tratarse de forma pública, rigurosa y transparente, las dificultades no han dejado de estar presentes. La consecuencia ha sido que los medios de comunicación no puedan realizar una labor de cobertura oportuna y plural sobre temas relevantes para la ciudadanía.

Desde el 2015, cada 28 de septiembre la UNESCO conmemora el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó, en compañía de todos los Estados miembros, la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible que contempla una serie de objetivos a lograr por las naciones miembros, para promover un mundo más inclusivo.

En la meta 10 del Objetivo 16 de la Agenda 2030, se precisa que es responsabilidad de los Estados “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”, pero las múltiples dificultades que viven, no solo los medios de comunicación, sino la población en general en toda Venezuela, demuestran un claro incumplimiento por parte de las autoridades públicas en el país.

Periodistas en todo el territorio han denunciado durante este año el desafío que representa informar en Venezuela en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus, y que se suma al largo historial de limitaciones que ya existían en el país, producto de la crisis previa que ha afectado los diferentes sectores de la nación.

Ausencia de boletines epidemiológicos regionales, imposibilidad para acceder a funcionarios públicos que administran los datos de la COVID-19 en los estados, impedimentos de acceso a las instituciones públicas, los hospitales y sitios de tratamiento y cuarentena designados por el Estado, y hasta limitaciones para contrastar las informaciones oficiales con otras fuentes por el temor que padecen estos voceros independientes a represalias por parte de los poderes públicos. Estas son solo algunas de las limitaciones a las que los reporteros en todo el país se han enfrentado en estos más de seis meses desde que inició el estado de alarma.

Pero hay otras barreras a las que deben enfrentarse los trabajadores de la prensa a la hora de realizar su cobertura informativa. El acceso a la información en Venezuela también se restringe por cortes de energía eléctrica y fallas en las telecomunicaciones que impiden conocer al momento lo que sucede en diferentes lugares del país. La inestabilidad de los servicios públicos ha tomado principal relevancia en los últimos años en todo el país, y a eso se suma la escasez de gasolina. Acceder al combustible para realizar las pautas informativas es solo un beneficio de pocos, porque a pesar de que los medios de comunicación son parte de los sectores priorizados para asuntos de movilización, el combustible en el país lleva meses escaseando, y para el Estado, la prensa no es prioridad.

Aridez informativa

Recientemente el equipo de IPYS Venezuela publicó el Atlas del Silencio, una investigación que da cuenta de la escasez informativa en la que viven todos los municipios del país. La primera entrega de la investigación detalló que más de 5 millones de venezolanos se encuentran en municipios que viven total desierto de noticias, es decir, que tienen ausencia de medios de comunicación que hagan cobertura de los temas de interés en sus localidades. Si sumamos los venezolanos que viven en municipios donde el desierto es moderado es decir que tiene un acceso a número limitado de medios con información local, la cifra llega a 14 millones de habitantes.

La investigación señaló que 90 de los 317 municipios estudiados viven en lo que se denominó como desiertos informativos, realidad que es más latente en estados como Táchira, que tiene a 11 de sus 29 municipios en la categoría de desiertos, escenario que se repite en el estado Zulia, marcando a siete municipios con la misma característica, y a otros 10 “en riesgo de ser comunidades donde no se produce suficiente información para sus ciudadanos”. Cojedes no escapa del panorama de opacidad y oscurantismo, de acuerdo con este estudio, seis de los nueve municipios viven un completo desierto, localidades en las que residen el 88,47% de la población de esa región.

Estas zonas denominadas como desiertos de noticias, evidencian las dificultades que viven los ciudadanos para acceder a información oportuna que no solo se limitan a las mencionadas en el estudio, sino que dependiendo de la entidad, estas restricciones varían conforme al impacto de la crisis en cada estado del país.

Incluso, de acuerdo con los datos levantados por la organización, los medios digitales tienen una presencia del 68.7% de los municipios que evaluaron, otrora esa era la penetración de los medios tradicionales, pero en las últimas décadas la existencia de medios impresos y la cobertura, sin censura, de medios como la TV y la radio, ha mermado.

Las instituciones gubernamentales dedicadas a monitorear y censurar a los medios digitales se han dedicado con mayor determinación a bloquear portales informativos y de interés público para la ciudadanía. Solo en los meses que ha durado la cuarentena por la COVID-19, IPYS Venezuela documentó 40 bloqueos a medios de comunicación, portales con información vinculada a la pandemia y otras plataformas digitales, bloqueos en los que han estado involucrados los prestadores del servicio de internet Cantv, Movilnet, Movistar, Digitel, Inter y Supercable.

A los bloqueos se han sumado los constantes cortes de energía eléctrica que desconectan a localidades enteras por hasta lapsos de entre 6 y 12 horas continuas, como ocurren en poblaciones de los estados occidentales de Mérida, Táchira, Zulia, Trujillo y Lara. Actualmente en esas entidades han dejado de cumplirse los racionamientos programados que meses atrás fueron anunciados por las autoridades regionales.

Cobertura sin respuesta

Carabobo es un ejemplo. Dayrí Blanco es periodista en el estado Carabobo, y corresponsal de esta organización. Ella al igual que el resto de comunicadores en el país, ha tenido que sortear múltiples obstáculos para acceder a la información en su entidad. Con la llegada de la cuarentena a su estado y la escasez de combustible en marcha, debió cumplir con el confinamiento prácticamente de forma obligatoria, y replantearse nuevos mecanismos para realizar su trabajo.

Ante la imposibilidad de movilización y los riesgos de contagio, Blanco optó por contactar a sus fuentes a través de la mensajería instantánea, para pedir videos y audios, y así cumplir sus labores de corresponsalía. Pero si bien este mecanismo ha sido el más funcional para su trabajo, también relató que ninguno de los funcionarios públicos regionales a los que recurrió, respondieron sus mensajes. Este escenario fue denunciado incluso por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Carabobo.

El abordaje de la información vinculada con la COVID-19 en la región, también es inexistente. Blanco señaló que el gobernador, Rafael Lacava, al igual que otros tantos funcionarios públicos en el resto del país, no realiza ruedas de prensa, a pesar de que el CNP solicitó en dos oportunidades la activación de estos canales informativos  para los medios de comunicación en Carabobo, pero hasta ahora, no ha obtenido respuesta. La poca información vinculada con la pandemia es publicada a través de las cuentas en redes sociales del mandatario, sobre todo en Instagram, pero desde el 29 de junio, la autoridad regional “no da datos, ni cifras. Hay un silencio total”.

Ejercer la labor de cobertura informativa en los centro de atención médica de la región es una tarea con muchas trabas y grandes riesgos. “Es imposible hacer trabajos en los hospitales de Carabobo, a menos que entremos escondidos o sin identificarnos” dijo la reportera, quien también señaló que cuando ha realizado coberturas vinculadas con la distribución y escasez de gasolina, ha debido informar previamente a los efectivos militares que resguardan las estaciones de servicio para evitar cualquier tipo de represalia en el desarrollo de sus labores.

Un derecho sin garantías

Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información pública, y conforme pasan los años, las ventanas para recurrir a este derecho se cierran cada vez más, muy a pesar de que el Artículo 51 de la Constitución de la República señala que cualquier ciudadano puede dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de su competencia “y de obtener oportuna y adecuada respuesta” de los funcionarios. La realidad en todo el país es otra. Muchos estados y municipios que lograron aprobar decretos y normativas de acceso a información pública tampoco respetan esos derechos de los ciudadanos y dejan sin respuesta las solicitudes de información pública que hacen periodistas y ciudadanos.

La aplicación de nuevas normativas han puesto en vilo la pluralidad informativa de los ciudadanos. Basta solo mencionar lo sucedido con la prestadora del servicio de televisión satelital, DirecTV, que posterior al cese de sus funciones en el país, producto de las presiones estatales para intervenir en la programación del servicio, más de 10 millones de venezolanos vieron afectados su derecho de  acceder a información noticiosa de carácter nacional e internacional ofrecido a través del servicio de mayor penetración en el país, de acuerdo con los datos de la misma Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Luego de negociaciones y cambios de orden administrativo en la empresa prestadora de servicio de TV satelital, a partir del mes de agosto ha comenzado a restituirse paulatinamente el servicio de la antigua DirecTV en Venezuela con la oferta de noticias nacionales e internacionales.

En el escenario digital, la aplicación de nuevos mecanismos de censura también han incrementado en los últimos años con los bloqueos y ataques a portales de noticias. Así lo

reseña el informe sombra “Libertad de expresión, libertad de prensa, y acceso a la información: hacia la agenda 2030” de la plataforma latinoamericana Voces del Sur y de la que IPYS Venezuela forma parte. Desde allí se ha hecho un llamado al Estado a “detener la regulación de contenido y reemplazar a las instituciones a cargo de la censura con instituciones que trabajen para promover y estimular el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

Esa misma alerta fue realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 1/2020, a inicios de la cuarentena, donde pidió a los Estados de las Américas “respetar la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet”. Durante el mes de agosto, reiteró su llamado al expresar que “el acceso a Internet tampoco debe ser interrumpido con bloqueos, filtros de páginas o caídas de servicio por razones políticas o discriminatorias”; pero el Estado venezolano ha hecho caso omiso a estas recomendaciones, y en cambio ha mantenido en el tiempo las limitaciones para acceder a internet en el país.

IPYS Venezuela reitera el llamado a las autoridades competentes para que garanticen y promuevan el acceso a la información pública a toda la población. El Estado tiene la obligación de brindar las oportunidades para que la ciudadanía esté más informada y pueda tener variedad en los contenidos que consume. No generar estos mecanismos deja en evidencia las verdaderas intenciones de quienes administran el país, de promover una única y unidireccional línea informativa que viola con los principios de la libertad de expresión e información.