Postulación de militares activos a la AN viola artículo 328 de la Constitución Nacional

Postulación de militares activos a la AN viola artículo 328 de la Constitución Nacional

19 septiembre, 2020 Desactivado Por Editor

Violando abiertamente lo contemplado en el artículo 328 de la Constitución Nacional el Gran Polo Patriótico (GPP), postuló ante el Consejo Nacional Electoral a varios militares activos para que participen en las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre.

A pesar de que la Carta Magna establece, entre otras cosas, que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional y sin militancia política, el General en Jefe (Ej) Jesús Suárez Chourio, ex Comandante General del Ejército, encabeza la lista de candidatos por el estado Apure.

El 4 de septiembre, un día después de haber sido postulado como candidato a la Asamblea Nacional, Suárez Chourio fue destituido del cargo de jefe del Estado Mayor de la Comandancia en jefe de la FAN, un órgano asesor que depende administrativa y funcionalmente del presidente de la República en su carácter de Comandante en jefe. En todo caso, si pasó a retiro, esa información no se conoce públicamente.

Lo cierto es que al momento de ser inscrito en el CNE era un oficial activo con un alto cargo dentro de la FANB.

Lo mismo ocurre con los oficiales Gilberto Pinto, Vicealmirante, ex ministro de Desarrollo Minero Ecológico (primero en la lista por el estado Sucre) y Alexis Rodríguez Cabello, ex Comandante General del Ejército (primero en la lista en el estado Bolívar).

De igual manera Manuel Quevedo, General, ex presidente de PDVSA (primero en la lista del estado Zulia) y Juan Francisco Escalona, edecán del fallecido presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro (encabeza la lista por el estado Portuguesa) aspiran una curul en la Asamblea Nacional.

Un importante número de militares en situación de retiro también fueron incluidos en la lista de aspirantes, entre ellos: el Capitán (Ej) Diosdado Cabello (encabeza la lista nacional por Caracas), Carlos Julio Rodríguez, General de División, ex presidente del INTT (lista del estado Lara), William
Fariñas (lista nacional), Francisco Ameliach (lista de Lara), José Gregorio Vielma Mora (lista de Carabobo) y Pedro Carreño (lista de Delta Amacuro).

Llama poderosamente la atención que ninguno de estos aspirantes, exceptuando al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, reside en el estado que ahora representa.

Sancionado Internacionalmente

Otro de los militares postulados a la Asamblea Nacional es el Mayor General (GNB) en situación de retiro Antonio Benavides Torres, sancionado internacionalmente por violación de derechos humanos, entre otros delitos.

Benavides podría ser electo para ocupar una curul del parlamento venezolano e integrar, por ejemplo, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad a pesar de que ha sido incluido en las llamadas “Listas Negras” de los Estados Unidos, Suiza, la Unión Europea, Panamá y Canadá.

Antonio Benavides Torres, ex comandante de la GNB, tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos y actos represivos: En el año 2010, siendo jefe del Plan Patria Segura y jefe del CORE 5, PROVEA, ONG defensora de los derechos humanos, pidió su destitución.

En aquella oportunidad, al declarar sobre los índices de delincuencia en el país, dijo públicamente: “el destino de los delincuentes es la cárcel o bajo tierra”.

Ya en el 2009 había comandado las unidades militares que usaron bombas lacrimógenas para dispersar la marcha opositora contra la nueva Ley de Educación. En el hecho varias personas resultaron heridas.

Luego de la marcha que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2014, en la cual resultaron asesinadas 43 personas, entre ellas, el estudiante Bassil Da Costa, el oficial defendió la actuación de sus compañeros de armas que habían reprimido a los manifestantes.

En el año 2015 Benavides fue sancionado por los Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro indicó que se trata de uno de los uniformados que ha tenido manifestaciones públicas abiertamente a favor del régimen, situación que viola el artículo 328 de la Constitución Nacional.

La Asociación Civil “Control Ciudadano”, en el año 2016, informó que este oficial debía ser llamado a declarar por lo ocurrido durante la Masacre de Tumeremo, estado Bolívar, en la cual “desaparecieron” 28 mineros de esa zona rural.

En el año 2017 hasta la cuestionada ex Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, lo citó, en calidad de imputado por presunta violación de derechos humanos, cometidos, específicamente durante las protestas de calle en contra del régimen que encabeza Nicolás Maduro.

Luego, Ortega Díaz lo denunció y solicitó una orden de captura en su contra ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Ortega Díaz alegó que Benavides había cometido crímenes de lesa humanidad: asesinatos,
torturas, detenciones arbitrarias, así como ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil desarmada.

La Unión Europea también lo sancionó el 18 de enero de 2018 por encontrarlo responsable de violación de derechos humanos y por la grave situación política que vive Venezuela.

El 28 de marzo el Gobierno Suizo emitió un pronunciamiento similar contra el referido militar. Los suizos aseguraron que Benavides está involucrado en la represión de la oposición venezolana y lo responsabilizan de haber utilizado sus altos cargos dentro de la GNB para violar sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes venezolanos.

Benavides Torres fue nombrado Jefe del Gobierno del Distrito Capital (2018) luego que un joven de 17 años murió a consecuencia de un disparo que recibió durante una protesta en Caracas.

El 6 de diciembre los electores del Circuito 3 de Caracas, el cual incluye las parroquias San Pedro, San Agustín, San Bernardino, San José, Candelaria y El Recreo, podrán o no dar su respaldo a este cuestionado oficial.